KYC reforzado: qué documentación adicional exigir a clientes de alto riesgo
El proceso de Conoce a tu Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) es fundamental para cualquier empresa que opere dentro del marco legal de prevención de lavado de dinero en México. Sin embargo, cuando se trata de clientes considerados de alto riesgo, es crucial implementar un KYC reforzado. Esto no solo asegura el cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), sino que también protege la reputación de la empresa. A continuación, exploramos qué documentación adicional se debe exigir a estos clientes para mitigar riesgos potenciales.
¿Qué es el KYC reforzado?
El KYC reforzado es una etapa avanzada del proceso de diligencia debida que se aplica a clientes clasificados como de alto riesgo. Este procedimiento implica la recopilación de información adicional para obtener un conocimiento más profundo de las actividades del cliente y su perfil financiero.
Criterios para identificar a clientes de alto riesgo
La identificación de clientes de alto riesgo se basa en diversos factores, como su historial financiero, el país de origen, el tipo de actividad económica y el monto de las transacciones. Según el artículo 17 de la LFPIORPI, las entidades deben realizar una evaluación de riesgo y clasificar a sus clientes en categorías de riesgo bajo, medio o alto.
Factores comunes de alto riesgo
- Clientes con antecedentes de actividades sospechosas.
- Transacciones frecuentes con jurisdicciones de alto riesgo.
- Operaciones de gran volumen o complejidad.
- Clientes que operan en sectores propensos al lavado de dinero, como las inmobiliarias o joyerías.
Documentación adicional para KYC reforzado
Una vez identificado un cliente de alto riesgo, es necesario solicitar documentación adicional para llevar a cabo un KYC reforzado eficaz. La reforma del 16 de julio de 2025 establece pautas claras sobre qué documentos pueden ser requeridos.
Documentos de identificación y verificación
- Información personal ampliada: además de la identificación oficial, se puede solicitar información sobre el estado civil, ocupación y referencias personales.
- Verificación de domicilio: recibos de servicios recientes, como agua o electricidad, que confirmen la dirección del cliente.
Documentación financiera
- Estados de cuenta bancarios: de los últimos seis meses, para entender mejor el flujo de dinero y las fuentes de ingreso.
- Declaraciones fiscales: como evidencia de la situación financiera del cliente.
Evidencia de la fuente de fondos
Según el artículo 32 de la LFPIORPI, es crucial confirmar la legitimidad de los fondos del cliente. Se pueden solicitar:
- Contratos laborales o de prestación de servicios: que demuestren ingresos legítimos.
- Documentación de inversiones: como acciones o bienes raíces, que avalen las fuentes de ingreso.
Documentación específica para personas jurídicas
Para empresas o entidades jurídicas, el artículo 54 de la LFPIORPI requiere:
- Actas constitutivas y modificaciones: para verificar la estructura y operaciones de la entidad.
- Lista de socios y accionistas: para identificar beneficiarios finales y entender la estructura de propiedad.
Procedimientos adicionales de diligencia debida
Además de la recopilación de documentos, el KYC reforzado puede incluir entrevistas personales, visitas in situ y consultas a bases de datos públicas y privadas para verificar la información proporcionada.
Consideraciones legales y de cumplimiento
Implementar un KYC reforzado no solo es una buena práctica, sino que es un requisito legal bajo la LFPIORPI y la reforma de 2025. El artículo 55 establece que incumplir con estas medidas puede resultar en sanciones significativas, que pueden incluir multas de hasta 10,000 veces la UMA, equivalente a $1,173,100 MXN en 2026.
Conclusión
El KYC reforzado es esencial para manejar clientes de alto riesgo de manera efectiva y cumplir con las obligaciones legales en México. Al solicitar documentación adicional y realizar una diligencia debida exhaustiva, las empresas pueden protegerse contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, salvaguardando así su integridad y reputación en el mercado.
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