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Una sola — y es la confusión más cara del sector. La fracción XVI del artículo 17 aplica al ofrecimiento de intercambio de activos virtuales "por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras". Y el artículo 3 fracción VI incluye como Entidad Financiera a las reguladas por el artículo 58 de la Ley Fintech. Es decir: si eres ITF autorizada, no caes en la fracción XVI — caes en la Sección Primera y te supervisa la CNBV. Si no eres ITF, caes en la fracción XVI y reportas al SAT vía SPPLD. No es doble régimen: es uno u otro.

La fracción XVI lo define como toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago, cuya transferencia solo puede hacerse por medios electrónicos. Quedan expresamente fuera: la moneda de curso legal, las divisas y cualquier activo denominado en ellas. Y la fracción cubre además los activos distintos a los reconocidos por Banxico, incluyendo operaciones con ciudadanos mexicanos realizadas desde otra jurisdicción.

Son dos supuestos independientes. Hay aviso cuando el monto de la operación de cada cliente es igual o superior a 210 UMA —$24,635 MXN con la UMA 2026 de $117.31 diarios—, y también cuando la contraprestación cobrada por el servicio, cualquiera que sea su denominación, es igual o superior a 4 UMA ($469 MXN). Ese segundo umbral es bajísimo: en la práctica captura casi cualquier comisión de un exchange con volumen.

La fracción XVI obliga a obtener, mantener y poner a disposición de las autoridades la información precisa sobre las operaciones del originante, del receptor y, en su caso, del beneficiario controlador, conforme a las reglas de carácter general. En la práctica eso significa identidad de ambas puntas, direcciones digitales de origen y destino, tipo de activo, monto en cripto y su equivalente en pesos — y conservarlo diez años (artículo 18 fracción IV).

En la práctica, no. Con un umbral de contraprestación de 4 UMA, casi toda operación con comisión entra al radar, y el dato que exige el régimen —wallets de origen y destino por operación— vive en tu infraestructura, no en un archivo que alguien exporte y capture. Además, la fracción X del artículo 18 ya obliga a contar con mecanismos automatizados de monitoreo permanente.

El artículo 54 fracción III: 10,000 a 65,000 UMA —de $1,173,100 a $7,625,150 MXN— o del 10% al 100% del valor de la operación, la que resulte mayor. Con volumen alto y avisos por operación, la exposición se acumula rápido. El artículo 55 permite corrección espontánea antes de que inicie la verificación.

Probablemente esté bien para lo que hace: screening de listas internacionales y analítica on-chain son mercados maduros. Lo que esas suites no resuelven es el lado mexicano — el alta en el padrón del artículo 18 fracción IV Bis, el expediente en el formato del SAT, los umbrales en UMA de la fracción XVI y el XML del SPPLD. Artu convive con tu capa global en vez de competir con ella.

La propia fracción XVI lo prevé: si Banxico reconoce un activo virtual en términos de la Ley Fintech, quienes provean esos medios deberán obtener las autorizaciones correspondientes en los plazos que el propio Banco señale. Es decir, el encuadre puede moverte de la fracción XVI al régimen de Entidad Financiera — otra razón para tener el expediente ordenado desde antes.