Software líder de PLD
para desarrolladoras

Es el error más caro del sector. La fracción V regula construcción, desarrollo e intermediación en las que se involucren operaciones de compra o venta: el hecho generador es la operación. La fracción V Bis, añadida por la reforma del 16 de julio de 2025, regula la recepción de recursos que se destinen a llevar a cabo un Desarrollo Inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta: el hecho generador es la aportación que entra a la caja del proyecto, no la escrituración. Muchas desarrolladoras heredaron el proceso de su brazo comercial y aplican la lógica que no corresponde.

El artículo 3 fracción IV Bis lo define como el proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes, destinados a su venta o renta. Es una definición amplia: incluye tanto vivienda vertical y horizontal como fraccionamientos de suelo, y no distingue por tamaño del proyecto.

Cuando el acto u operación es por una cantidad igual o superior a 8,025 veces el valor diario de la UMA: $941,413 MXN con la UMA 2026 de $117.31 diarios. Y aplica la regla de acumulación del penúltimo párrafo del artículo 17: si un aportante suma más de ese monto en un periodo de seis meses, puede considerarse operación sujeta a aviso aunque ninguna aportación individual lo alcance.

Por la escala temporal. Un solo comprador aporta enganche, mensualidades y liquidación a lo largo de dos o tres años, y el proyecto puede tener cientos de aportantes simultáneos en etapas distintas. Sostener a mano una ventana móvil de seis meses —por aportante y por proyecto— es donde el control en hoja de cálculo deja de ser viable. La fracción X del artículo 18 ya exige mecanismos automatizados para exactamente este seguimiento.

Sí, y es cuando más conviene. Artu carga el histórico de aportaciones ya recibidas para reconstruir el acumulado por aportante desde el inicio del proyecto, en vez de empezar el conteo en cero el día de la instalación — que es exactamente lo que deja el hueco visible en una revisión. Y el artículo 36 permite que las verificaciones abarquen los cinco años inmediatos anteriores, así que el histórico importa.

La omisión se sanciona con 10,000 a 65,000 UMA —$1,173,100 a $7,625,150 MXN— o del 10% al 100% del valor de la operación, la que resulte mayor (artículo 54 fracción III). Si lo detectas antes de que la autoridad inicie verificación, el artículo 55 permite corregir de forma espontánea con abstención total de sanción por única ocasión.

Sí, y ese suele ser el costo que nadie presupuesta. Un desarrollo con financiamiento bancario o inversión institucional entra a due diligence, y un programa PLD que no puede demostrar el rastreo de aportaciones se vuelve un hallazgo en la operación, no solo un tema regulatorio.

Entonces también te toca la fracción V, cuyo hecho generador es la operación de compraventa en lugar de la aportación recibida. Revisa PLD para inmobiliarias; Artu cubre ambos regímenes en la misma plataforma, con acumulados separados por fracción.